Esta investigación jurídica se enmarca en la necesidad de cambiar el modelo agroalimentario actualmente dominante dadas sus numerosas externalidades negativas; la tesis se enfoca en su insostenibilidad ambiental. Ante esta necesidad de cambio, el Derecho emerge como una herramienta fundamental en la construcción de la sostenibilidad ambiental de los sistemas alimentarios.

El primer artículo de la doctoranda se titula: "Comercio alimentario de proximidad ¿un parámetro legal eficaz para lograr la sostenibilidad alimentaria?". Ha sido incluido en el monográfico "Cambio climático y salud. Una cuestión también jurídica", coordinado por el profesor Antonio Ezquerra y publicado en la Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 12 nº 2 (2021). En nuestra página web pueden encontrar un resumen del artículo, que ya ha sido publicado.

El segundo artículo, titulado "La relocalización alimentaria: vector en la transición ecológica del derecho agroalimentario" ha sido publicado en la Revista General de Derecho Administrativo, nº 62 (2023).

The research project on "Legal challenges of science communication in the food sector: protecting and improving public health through information" aims to address one of the most pressing challenges facing public health: science communication. The project focuses on the food sector and aims to provide a legal answer to the following question: How should science-based messages be communicated to consumers in order to protect and not harm public health?

Communication is a complicated activity, and when the content of the message is scientific, it becomes even more difficult. Today, effective science communication is one of the main challenges faced by public authorities to keep the public safe and to protect and improve people's health.

One of the areas where science communication poses many challenges from a legal point of view is in the area of food. Several interests tend to collide in the process of manufacturing and marketing safe and healthy food. The assessment and communication of food safety and health issues involves public authorities in their duty to protect the interests of the public and consumers, but also other actors with other legitimate (or not) interests. Commercial discourse, consumer capacity, misinformation, mistrust of public authorities, scientific uncertainty and risk aversion are some of the key factors at play.

La falta de inocuidad de los productos alimentarios malsanos es una realidad no cuestionada en el ámbito científico. Términos como comida chatarra, comida basura o junk food son cada vez más utilizados en el ámbito académico, lo que permite inferir una conclusión indubitada: la regla de la inocuidad alimentaria presenta "notables excepciones" (MARINÉ-MORENO). Las cifras que arroja el análisis de la pérdida de salud (sea constatada a través de la prevalencia de ciertas patologías, pérdida estimada de años de vida o fallecimientos) causada por los riesgos alimentarios no vinculados al fenómeno de la contaminación alimentaria son tan ingentes que parece que hemos asumido en masa una realidad que no es otra que una interpretación contra legem de la regla legal de inocuidad genérica (o no específica de un ámbito concreto).   

El acercamiento al derecho alimentario europeo, a través de los Tratados y de su Reglamento seminal [Reglamento (CE) nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, o GFLR, por General Food Law Regulation] produce conclusiones diversas. Aunque alguna de ellas parece quizá refractaria a la existencia de esa falta de inocuidad, en realidad el análisis jurídico suele resolverse sin enfrentar las conclusiones con la situación que acreditan informes como el GBD 2017.       

Algunos autores consideran que el concepto seguridad alimentaria, sinónimo legal de inocuidad en sentido estricto del artículo 14 del ya citado Reglamento 178/2002, hace (o debería hacer) referencia a los mecanismos de protección frente a riesgos nutricionales, pero identifican los mismos con aquellos que se dan por razón de condicionantes personales específicos (como las alergias alimentarias). Otros usan el propio concepto para desarrollar el de derecho alimentario, sin definir previamente esa "seguridad" (porque, seguramente, es un concepto teóricamente unívoco) que es su bastión central. El concepto "seguridad alimentaria", calificado como jurídicamente "problemático" (RECUERDA GIRELA) es, en nuestra tesis, una mera declaración programática que ha de ser desarrollada caso por caso, algo que creemos poder demostrar con el análisis de las regulaciones específicas que son auténtica garantía de inocuidad como, por ejemplo, la de los aditivos alimentarios.     

Se está avanzando en el objetivo de identificar dónde está el problema de nuestro derecho alimentario. Trabajos recientes proponen la existencia de una exclusión de ciertos tipos de riesgo que son elementos de desarrollo del concepto inocuidad, lo que provocaría, se ha descrito, un área gris, cuyo origen está en dos circunstancias diferentes: a) el riesgo en concreto no está dentro de los identificados como tales por el R. 178/2002 o b) es evitable merced a un comportamiento “normal” de los consumidores. Sin embargo, tal explicación no encaja con la existencia de ámbitos en los que las regulaciones limitan la posibilidad de comercializar productos con alta presencia de los llamados nutrientes críticos, como el de los preparados para lactantes, o la inclusión de nutrientes en sentido legal en las listas de sustancias restringidas, como ha sucedido recientemente con los ácidos grasos trans.  

Nuestra investigación pretende aportar un punto de vista que permita identificar que, en el derecho alimentario europeo, el ámbito de desprotección es mucho mayor que el señalado hasta la fecha, tan grande como las cifras de ENT o enfermedades no transmisibles provocadas por riesgos alimentarios, para terminar con una propuesta: la garantía de inocuidad debe buscarse más allá del GFLR y ha de articularse de la misma manera que se enfrenta la falta de inocuidad inducida por los contaminantes alimentarios.